El año de los afrodescendientes ¿Sentimos los cambios?

Por: Andreas Forer

Desde la expedición de la Constitución Política en 1991, Colombia ha avanzado de manera significativa en el reconocimiento formal de la heterogeneidad de su población y así mismo, en el consecuente tratamiento diferencial de los distintos grupos que la componen, partiendo de las características especiales de los grupos étnicos y de su condición histórica de marginación y de vulnerabilidad.

 

En términos de política pública, el Estado colombiano ha emprendido esfuerzos encaminados a visibilizar la problemática de las poblaciones afrodescendientes, palenqueras y raizales y a mejorar la formulación e implementación de planes regionales, municipales y locales con un mayor componente de participación de los afectados directos.
No obstante, poco ha sido el impacto de esos avances formales en la transformación real de las condiciones de está población. Retomando los informes de Naciones Unidas “El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas de discriminación. Comisión de Derechos Humanos” y “Informe de la experta independiente Sra. Gay Macdugall sobre cuestiones de las minorías, Consejo de Derechos Humanos” la situación continua siendo preocupante y lamentable. La violencia y la extrema pobreza persisten  y se habla que hasta el 80% de los afrodescendientes desplazados viven las zonas más peligrosas y pobres del país.


En enero la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes lo que, podría pensarse, suscitó una coyuntura para impulsar, avanzar y reivindicar medidas tendientes a la superación de la discriminación y a la garantía de los derechos (entendidos desde una visión integral) de estas comunidades. Pero ¿Qué tanto se ha avanzado en la materia en los últimos meses?
Se ha avanzado en la inclusión de enfoque diferencial en proyectos tan importantes como la reforma de la Ley de Justicia y Paz y con la promulgación de la Ley de Víctimas y el proceso de consulta para la construcción del decreto legislativo sobre los derechos a la reparación integral y restitución de tierras, se ha logrado una movilización significativa de las organización sociales, mediante la coordinación de la Mesa de Organizaciones Afrocolombianas, y se ha avanzado en la construcción de conocimiento y propuestas desde lo local.
Sin embargo, aunque se han abierto muchos espacios de discusión sobre cómo debe y quieren ser reparada la población afrocolombiana víctima del conflicto armado, aún falta un reconocimiento expreso y real de ésta como sujeto colectivo de derecho y una comprensión de la integralidad de sus derechos, que implica la obligación de garantizar no sólo los derechos humanos sino su derecho propio. Sin una comprensión de su carácter especifico como sujeto colectivo, de su cultura y de los daños y afectaciones de las que han sido victimas, no se puede hablar de un avance en términos de acceso a la justicia y menos en términos de reparación y garantías de no repetición y satisfacción.
Esta claro que con la declaración de un año de la afrodescendencia no se pueden lograr cambios que no se han dado en 20 años, pero esperamos que antes que finalice el 2011, las distintas instituciones encargadas entreguen a las organizaciones, comunidades y a la sociedad civil un balance real de la situación y una serie de medidas a seguir que nos permitan avanzar en la inclusión y garantía de los derechos de la población afrocolombiana.

Pueden consultar original en:
http://www.elespectador.com/opinion/columna-313442-el-ano-de-los-afrodescendientes-sentimos-los-cambios